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Hoy día 28, se reúne la Asamblea General de la Caja (máximo Órgano de la Entidad) para renovar los Consejeros Generales por los Sectores de Comunidad de Madrid, Ayuntamientos y Entidades Representativas.
Asimismo se elegirán los miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control y nuevo Presidente en la persona de Rodrigo Rato.
Se llega a esta Asamblea con un Acuerdo de consenso en el que se incluyen todas las fuerzas políticas y sociales representadas en la Caja y se acaba de esta forma, con más de un año de disputas políticas en torno a la renovación de la Presidencia que tanto han perjudicado a la Entidad y sus profesionales.
Este Acuerdo dota a la Caja de la estabilidad necesaria para afrontar los importantes retos que se nos presentan en un futuro inmediato y para los que UGT se refuerza mediante un miembro en el Consejo de Administración por el Sector de Entidades Representativas (Sindicatos y Asociaciones).
El nuevo Consejo de Administración y su Presidente, con una cierta urgencia, deberán acabar con la sensación de provisionalidad de los últimos meses y afrontar cuanto antes los rumores que se vienen produciendo en relación a posibles fusiones con otras Cajas. En caso de producirse deberán hacerse en beneficio de la plantilla (mejores condiciones laborales, mantenimiento del empleo, relevo generacional,....) además de mantener la naturaleza jurídica de la Caja.
Con apremio debería decidir sobre el grado de cumplimiento del objetivo V1 del año 2009 (BAI consolidado del grupo Caja Madrid), para incluir las provisiones voluntarias por más de 650 millones de euros, y así poder obtener una V1 de 10 puntos.
Asimismo es indispensable un replanteamiento de los objetivos de Plan Estratégico 2010 establecidos antes de la crisis financiera.
Desde UGT Caja Madrid trabajaremos para que esta nueva etapa que se abre, esté llena de éxitos para la Caja y para sus trabajadores y trabajadoras, que han sido los verdaderos artífices de la gran Entidad que somos hoy en día.
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La decisión del Consejo de Administración de aumentar el fondo de provisiones voluntarias en más 650 millones de euros, minorando el BAI (beneficio antes de impuestos), afecta al grado de consecución de la V1.
