Los bancos y cajas españoles consiguieron superar la primera fase de la crisis, pero
la segunda oleada, la que ha afectado a la economía real, les ha hecho mucho daño.
Por eso, algunos de ellos necesitan la ayuda del Estado para salir
adelante, como antes sucedió en las grandes economías mundiales.
Tras
meses de discusiones (ralentizadas por el cambio de ministros), el
Gobierno aprobará hoy la creación de un fondo de rescate para las
entidades financieras en problemas. Inicialmente, estará dotado con
9.000 millones de euros (6.750 millones procedentes de los presupuestos
generales y, el resto, del Fondo de Garantía de Depósitos), aunque podrá endeudarse hasta alcanzar los 99.000 millones.
En el Ejecutivo no creen, no obstante, que la reestructuración del
sector vaya a requerir tanto dinero. Fuentes financieras calculan que
las necesidades oscilan entre los 30.000 y 40.000 millones, aunque
destacan que las ayudas públicas serán la mayoría préstamos y, por
tanto, serán devueltos y no tendrán coste para los contribuyentes.
Cientos de oficinas se verán obligadas a cerrar con el baile de fusiones
El tercer gran plan de ayudas
No
es la primera ayuda que aprueba el Ejecutivo para el sector financiero
desde que estalló la crisis. En octubre pasado, dio luz verde a la
creación de un fondo para comprar hasta 50.000 millones en activos de
bancos y cajas, y, pocas semanas después, autorizó la concesión de avales para las emisiones de deuda por un importe de hasta 100.000 millones.
Esas medidas iban dirigidas a paliar los problemas de liquidez que
estaban ahogando al sector ante el cierre de los mercados
internacionales donde habitualmente se alimentaban.
Los
problemas que ahora pretende paliar el Gobierno son de más calado
porque intenta luchar contra la falta de solvencia, sobrevenida por la
elevada morosidad crediticia que está sufriendo el sector. Sin la
solvencia suficiente, no se puede operar con normalidad y no se pueden
conceder créditos, que es lo que más notan los ciudadanos y lo que más
daño hace a la economía en general.
El Gobierno negoció hasta última hora de ayer los detalles del nuevo fondo
Con
el fondo, se busca que fluya más el crédito y, sobre todo,
reestructurar profundamente el sistema financiero español para que
desaparezcan las entidades débiles (mediante fusiones o absorciones) y
queden sólo las más fuertes. Conseguir más financiación será una consecuencia a más largo plazo. Lo
primero que se verá será el baile de fusiones que se va a iniciar en el
sistema financiero, especialmente entre las cajas, lo que conllevará el
cierre de cientos de oficinas y el recorte de miles de empleos.
El
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, tiene
especial interés en estas uniones, pues considera que hay demasiadas
cajas (45) y muchas de ellas demasiado pequeñas para afrontar el
difícil entorno que se les viene encima. Inicialmente, las
reestructuraciones de cajas se producirán entre ellas, aunque la medida
gubernamental también prevé la venta de sus activos a otras entidades.
Ahí podría entrar por primera vez la compra de cajas (sus activos) por
parte de bancos, aunque estos en boca de su patronal, la AEB han dicho
que no lo harán salvo que se lo pidan.
Pese a que esta iniciativa
lleva desde principios de año redactándose en el Ministerio de
Economía, la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, seguía anoche
discutiendo varios puntos de la normativa con representantes de los
distintos grupos políticos. La posibilidad de que las cajas de
diferentes regiones puedan fusionarse por indicación del Banco de España sin contar con la opinión de sus gobiernos regionales
respectivos era el punto que más preocupaba a CIU. El PP reclamaba más
control parlamentario y más transparencia de las actuaciones del fondo.
Mientras, UGT demandó que no se use este proceso para privatizar las cajas.
Las claves de las ayudas a bancos y cajas con problemas
¿Qué es el FROB?
El
Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) es el
instrumento con el que el Gobierno pretende inyectar dinero a las
entidades con problemas para que puedan salir adelante. Procederá así a
la reestructuración del sistema financiero. El resultado serán menos
entidades, pero más fuertes.
¿Quién lo va a dirigir?
El
Banco de España será el que diseñe y dirija toda la reordenación del
mapa bancario español. Tendrá mayoría en los órganos del gobierno del
FROB.
¿Con cuánto dinero contará?
Tendrá
inicialmente 9.000 millones de euros (un 75% aportado por los
contribuyentes y un 25% por el Fondo de Garantía de Depósitos, FGD). No
obstante, podrá endeudarse hasta diez veces esta cuantía, con lo que,
si fuera necesario, podría llegar hasta 99.000 millones.
¿Cómo ayudará a las entidades con problemas?
El
Gobierno ha establecido tres fases de ayuda. La primera consistirá en
fusiones voluntarias entre entidades. En este caso, los bancos o cajas
implicados podrán pedir ayudas para pagar los costes de la unión. La
segunda fase se producirá en aquellas entidades en las que existan
dudas de su viabilidad. En esta ocasión, el FGD (que podrá recibir
préstamos del FROB) les dará dinero a cambio de que refuercen su
patrimonio, se fusionen o vendan total o parcialmente su negocio. Si
persiste la situación de debilidad, el Banco de España intervendrá la
entidad y la reestructurará mediante una fusión o la venta de la
entidad.
¿Qué tipo de ayudas entregará?
Podrán
ser ayudas a fondo perdido, concesión de garantías, préstamos en
condiciones favorables o adquisición de activos dañados, entre otras.
¿Cómo controlará el Estado su inversión?
El
FROB podrá comprar acciones de los bancos o cuotas participativas de
las cajas (que ya tendrán derechos políticos) y participará así en la
gestión de la entidad. El Banco de España exigirá que las entidades
involucradas en una fusión informen cada seis meses sobre la evolución
del proceso. Si no cumplen con el plan de reestructuración pactado para
recibir las ayudas, podrán ser intervenidas.
¿Cuánto costará el rescate a los contribuyentes?
La
mayor parte de las inyecciones de capital que se realizarán serán
mediante préstamos que tendrán que ser devueltos antes de cinco años,
con lo que, a medio plazo, el coste debería ser prácticamente nulo
