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farodevigo.es
Las organizaciones sindicales gallegas CC OO y UGT, con secciones volcadas en el sector de banca y ahorro, así como la Confederación de Sindicatos Independientes de Cajas (CSICA), han duplicado en los últimos meses el número de afiliaciones de trabajadores de Caixa Galicia y Caixanova por "la inseguridad y la preocupación" que viven las respectivas plantillas.
Los empleados desconocen la estrategia que ultiman sus directivos, una decisión que puede tener "importantes consecuencias" en puestos, número de sucursales o movimiento de empleados.
Aunque todavía no se sabe cuál será el destino de las cajas de Galicia. Las posibilidades son varias: fusión, el modelo mixto de las SIP (Sistema Institucional de Protección) o el mantenimiento de la independencia de las dos entidades, una hipótesis ésta "cada vez más complicada", según fuentes del sector. Tras meses de rumores sobre posibles fusiones, un debate que vive en estos días su momento culminante, lo único que parece claro es que las cajas de ahorro gallegas se enfrentan a un proceso de reconversión. Y este mensaje ha calado en la sociedad gallega y, sobre todo, en las plantillas de Caixanova y Caixa Galicia, preocupadas por un posible recorte de puestos, pérdida de derechos laborales o jubilaciones anticipadas.
Un aval frente al peligro
En este contexto, la vía de la afiliación sindical se presenta como colchón y garantía ante una posible situación laboral "arriesgada, peligrosa o desagradable". "Se teme que el nuevo modelo produzca víctimas sociales, por eso los trabajadores tienen o tenemos los miedos típicos de una reconversión: recorte de empleo, paro, prejubilaciones, etc... Los sindicatos vamos a defender a todos, afiliados o no, pero está claro que se ha producido un importante repunte de las afiliaciones, concretamente en nuestra sección de Caixanova se disparó un 25% en el último mes", explica Juan Álvarez Quicler, representante de la CSICA en la sección de Caixanova.
La intranquilidad afecta a los más de 5.500 empleados de las dos cajas en Galicia, tanto a empleados como a directores de sucursales por un posible cierre (sin olvidarse de los trabajadores ubicados fuera de la comunidad). Más de 800 oficinas están pendientes de la decisión de la Administración autonómica y los órganos de gobierno de las cajas, que todavía no han anunciado cuál será su posición final.
"No podemos escapar a la reconversión del sector financiero, está claro, pero queremos riesgo cero. El sector de ahorro tiene unas características que ha de mantener. Las plantillas no están recibiendo información de ningún tipo y eso incrementa la tensión, quizás por este motivo hemos doblado el número de inscritos en los últimos meses", justifica Ernesto Fontanes, secretario xeral de la Federación de Servicios de UGT Galicia.
Por su parte, Julián Valiente, responsable del sector de cajas de Comisiones Obreras (CC OO), revela que las consultas y las cuestiones por parte de los empleados se han disparado en los últimos meses. "Nos preguntan sobre despidos, conciliación de jornada, bajas por maternidad o por otros motivos. Es evidente que la gente se preocupa por su futuro; de hecho, hay personas que nunca esperarías que se afiliaran y lo están haciendo", admite Valiente, quien asegura que, en su organización, el número de afiliados en el ámbito de banca y cajas crece a un ritmo del 8% interanual en la última década.
Datos de la CIG
Un informe elaborado y presentado recientemente por la CIG alertaba de que, en caso de fusión de las dos cajas gallegas, se perderían 1.500 empleos y 200 oficinas. En el conjunto del Estado, las dos cajas tienen más de 8.000 empleados, sumando las oficinas de fuera de Galicia. Se trata de empleos directos, aunque a este colectivo habría que añadir los puestos indirectos en empresas de limpieza, seguridad, tecnología o logística. La Confederación Intersindical Galega se opuso "rotundamente" a una fusión por las consecuencias que tendría en el empleo y en la red de oficinas de las entidades.
La principal salida que la CIG expuso para el "excedente" de trabajadores fue la vía de las prejubilaciones, una opción que tampoco daría cobertura a la totalidad de los desempleados y que afectaría "de un modo traumático" principalmente a las provincias de Pontevedra y Ourense.
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