Las cajas exigen que se respete su naturaleza y se las despolitice
jueves, 03 de diciembre de 2009
• El Ejecutivo quiere que las entidades refuercen el margen para imprevistos.
el anuncio por parte del presidente del Gobierno de que va a acometer la reforma de la ley de cajas de ahorro –largamente reclamada por las entidades, pero hasta ahora rechazada por el Ejecutivo– cogió el miércoles en fuera de juego a todo el sector.
Ya repuestas de la sorpresa, las entidades reiteraron ayer sus
exigencias de cara a este cambio legal: menos peso de los políticos en
sus órganos de gobierno y respeto a su naturaleza jurídica.
Lo que más malestar ha causado es la falta de concreción de los cambios anunciados por José Luis Rodríguez Zapatero. Desde el Ministerio de Economía afirmaban ayer que «en los últimos meses se ha puesto de manifiesto que las cajas no tienen el mismo margen de maniobra que los bancos para afrontar imprevistos, y por ello se quiere reforzar su capacidad de actuación».
Fuentes del sector financiero estiman que este objetivo parece indicar que el Ejecutivo está estudiando dotar a las cuotas participativas de derechos políticos, como le habían pedido el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y la patronal de las cajas. Máxime cuando la vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha anunciado que el propósito no es la «politización o despolitización», sino que las cajas «se rijan por criterios de eficiencia, racionalidad y solvencia».
Las cuotas son una especie de acciones que confieren derechos económicos (recibir una parte del beneficio) pero no permiten participar en la gestión. El gobernador las quiere promocionar, ya que al computar como recursos propios permiten a las entidades ganar solvencia. Pero estima que la falta de derecho de voz y voto las hace poco atractivas. De hecho, solo la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) se ha decidido a emitirlas hasta hoy.
SIN NOTICIAS / Fuentes del sector afirmaron que el Gobierno no les anunció que había decidido acometer la reforma. Y reiteraron que los cambios se debían haber hecho antes de impulsar la reordenación del sector. Si el peso de los políticos fuera menor, dijeron, no habría tantas pegas a fusiones interregionales y primarían los criterios económicos.
Por su parte, Victorio Valle, director de la fundación de las cajas (Funcas), defendió la naturaleza jurídica de estas. «No creo que nadie se plantee su naturaleza público-privada a nivel jurídico. Pero tenemos recientes episodios lastimosos de injerencia política, si bien solo han sido graves en un par de casos», afirmó como advertencia al Gobierno.
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