"No habrá despidos, ni ERE, ni movilidad laboral, máxima o mínima”. Las palabras de Julio Fermoso, presidente de Caja Duero, tras aceptar los ...
dos consejos de administración (por unanimidad el de Caja España, con tres votos en contra el de la entidad con sede en Salamanca, parecían un brindis al sol en plena euforia por una fusión de la que sale vencedor. Pero no lo es. La nueva Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad sabe perfectamente que el siguiente escollo para la integración es el laboral. Cómo hacer que los sindicatos, que ya rechazaron la primera propuesta de ajuste presentada por las cajas, asuman que va a desaparecer un millar de puestos de trabajo con la fusión. El mismo Fermoso avisa a los representantes de los trabajadores: “Cualquier problema dejaría en agua de borrajas todo lo que hasta ahora se ha hecho”.
Se apelará a consultores especializados para “la determinación de los elementos y componentes de la plataforma tecnológica que pueda resultar más eficiente, así como la segregación de las funciones vinculadas a Informática que dé lugar a su distribución en dos divisiones, que serán Informática (Caja Duero) y Logística (Caja España)”. Y en la Obra Social, con independencia de su sede, se realizará una gestión descentralizada del presupuesto al 50% y “con especial atención a las provincias de origen de las cajas”.
La cuestión de las sedes se complica porque las provincias que en su día fueron sede de entidades fundacionales de ambas cajas podrán ser cabeceras de áreas territoriales. Valladolid, Zamora y Palencia, entre otras, tendrán algo que decir en el reparto de sedes operativas de la nueva Caja España.
Que la fusión se hace casi a la fuerza se nota en que para llevar a cabo una modificación de la asignación de sedes pactada se requerirá una mayoría cualificada de las cuartas quintas partes tanto del consejo de administración como de la asamblea general de la nueva entidad.
Para el pacto laboral, el informe elaborado por KPMG, que propone la supresión de 975 puestos de trabajo y el cierre de 253 sucursales, pasa a ser “un paso inicial para llegar al definitivo”, “un borrador sobre el que se realizarán muchas modificaciones”, según el director general de Caja Duero, Lucas Hernández. Un “borrador” que plantea 137 cierres (con sus direcciones concretas) de oficinas de Caja Duero y 116 de Caja España según criterios de rentabilidad, solapamiento y lejanía de la sede central. Pero los sindicatos resaltan que se proponga el cierre de las tres sucursales de Caja Duero en Valencia, cuando éstas ya han sido clausuradas.
De esta forma, ahora hay un baile de cifras sobre el ajuste. Una propuesta habla de 850 empleos (300 de Caja Duero y 550 de Caja España) y de 253 sucursales. Otra eleva la cifra del ajuste a 900 puestos de trabajo, pero baja la clausura de oficinas a 230 y la concentra en los núcleos urbanos, para que la nueva Caja España no pierda peso en los pueblos y en las localidades pequeñas. En las dos, se buscan soluciones laborales menos traumáticas: eliminación de los contratos temporales, prejubilaciones a partir de los 54 años y bajas incentivadas. Para acometer el proceso, se pedirán 562 millones al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob).
Dinero que habrá que devolver antes del año 2015. Esto significa que en estos cinco años Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de Piedad deberá generar los beneficios suficientes para dotar la obra social anual, para afrontar los gastos corrientes y para asumir los costes de la reestructuración, especialmente las bajas laborales y las prejubilaciones.
Capitalmadrid.info 7/01/2010
