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lainformacion.com 03/02/2010
La decisión del Gobierno de eliminar las prejubilaciones en compañías con beneficios echa por tierra los planes de muchas cajas de ahorros, que esperaban recurrir a esta fórmula para ajustar los excesos de plantilla que se derivarán de sus procesos de fusión.
Lo que les faltaba a las cajas de ahorros españolas en proceso, muy a su pesar, de fusión. Incapaces de ponerse de acuerdo en el reparto de las sillas del consejo, de las sedes y hasta de la propia necesidad de las integraciones en marcha –ahí está el caso de las cajas gallegas-, ahora resulta que el Gobierno quiere ampliar la edad de jubilación hasta los 67 años.
La medida cambia las reglas del juego con la que las cajas van a enfrentarse a la necesaria reducción de plantillas que exige el proceso de concentración impulsado por el Banco de España. La iniciativa del Gobierno, por extensión, supone acabar con el fraude encubierto que ha permitido a muchos profesionales del sector financiero español marcharse a casa con poco más de 50 años, en unas condiciones excepcionales, mientras el Estado miraba para otro sitio.
Pues parece claro que la fiesta ha terminado. Las cajas de ahorro tienen un problema serio, muy serio, encima de la mesa. Hace apenas veinte días, antes del ‘pensionazo’, las direcciones de Caja España y Caja Duero llegaron a un acuerdo con los sindicatos para que los alrededor de 850 trabajadores que sobran, de acuerdo con los estudios de fusión, se vayan de forma voluntaria. Es decir, con unas condiciones de prejubilación y bajas “atractivas”.
Lo mismo que con toda seguridad estaba diseñado para los 1.300 empleados que, según la auditoría de KPMG, no cabrían en la fusión de Caixa Galicia y Caixanova, que amenaza con convertirse en todo un culebrón.
Es decir, lo de toda la vida en este país y más concretamente entre nuestros bancos y cajas, que tienen muy clara cuál es la receta para evitar la conflictividad social en unos procesos siempre traumáticos cuando no se pueden dirigir a golpe de talonario. La prueba está en que en nuestro sector financiero apenas quedan veteranos mayores de 50 años.
Cuando la crisis inmobiliaria estalló, hace más de dos años ya, nuestros bancos y cajas repararon en que todas las personas que pilotaron la gran crisis anterior, la de los primeros años de la década de los noventa del siglo pasado, estaban en sus casas dedicados a su labores. Sencillamente, no tenían equipos con experiencia para reaccionar rápido y bien a una situación de auténtica emergencia.
Ahora el problema es otro. Si nuestras cajas están dispuestas a dar ejemplo, o sencillamente no tienen más remedio que seguir las tesis gubernamentales, van a tener que hacer encaje de bolillos para ajustar sus plantillas, porque parece evidente que no podrán cubrir los excedentes prejubilando sólo a los mayores de 67 años. No les van a salir las cuentas.
La cuestión es si habrá manga ancha con nuestras maltrechas cajas. Sería una mala forma de concienciar al personal de lo que toca en tiempos de crisis.
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