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capitalmadrid.info  04/03/2010

Ya se nota la mano de Rodrigo Rato. Y no sólo en Caja Madrid, donde se quiere poner el cartel de se vende a Hipotecaria Su Casita, la aventura mexicana de su antecesor Miguel Blesa, y en cambio sacar del baúl de los proyectos truncados la idea de sacar a Bolsa Cibeles, la corporación industrial y financiera que éste ideó emulando a Criteria Caixacorp (de la que Rato, por cierto, fue consejero).

La mano del ex vicepresidente económico de los Gobiernos de Aznar y luego director gerente del Fondo Monetario internacional se puede percibir en el discurso del Partido Popular sobre las cajas de ahorro.

Aunque esa doctrina oficial choque, por mucho que se note la mano de Rato, con las prácticas intervencionistas sobre estas entidades financieras en muchas de las autonomías controladas por el PP. En la Comunidad de Madrid, con el bochornoso pulso por controlar Caja Madrid entre Esperanza Aguirre, que quería colocar a su vicepresidente Ignacio González, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, y el propio Mariano Rajoy, y que llegó hasta el Tribunal Constitucional. O el intento de fusión a la fuerza de caixa Galicia y de Caixanova, abortado por el recurso al Tribunal Constitucional presentado por el Gobierno central a la Ley gallega de cajas.

En las propuestas del PP para salir de la crisis figura la modificación de la Ley de Órganos Rectores de las Cajas de Ahorros, la famosa Lorca, para facilitar las fusiones entre cajas de diferentes autonomías. Mariano Rajoy insiste en esa idea, pese a que en Castilla y León primero quisieron hacer una fusión virtual de sus cinco cajas, luego una real de tres, que se quedó en la integración de Caja España y de Caja Duero y, tras consultas al Banco de España, la más que probable incorporación de las cajas de Burgos, Ávila y Segovia al Grupo Banca Cívica. En Galicia, está la fusión nonata entre Caixa Galicia y Caixanova. Y en Valencia, el Gobierno de Camps también quiere que se fusionen sus cajas entre sí. Sólo La Rioja, entre las autonomías gobernadas por el PP, ha aceptado que su caja se incorpore a un proyecto de fusión virtual con entidades de otras comunidades autónomas, el que promueven la CAI aragonesa y la Caja Insular de Canarias. La Región de Murcia, de momento, guarda silencio sobre los planes de Cajamurcia, que también apuntan a una fusión virtual interregional.

Para favorecer las fusiones interregionales, el PP propone potenciar el Sistema Institucional de Protección (SIP) con ficha bancaria mediante la combinación de capital fundacional con "aportaciones del mercado". Algo que los sindicatos y algunos responsables del sector ya han interpretado como un banderazo de salida para la privatización de las cajas de ahorros. Lo mismo que la idea de dar derechos políticos a las cuotas participativas, que hasta ahora sólo lo tienen económicos.

Pero es que además el PP propone la eliminación del veto autonómico para las operaciones de integración que requieran ayudas públicas, lo que se contradice con las normas impulsadas por ese partido en Galicia, Comunidad de Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana.

Y una idea nueva, en la que parece haber influido Rato, aunque el documento ha sido elaborado por el equipo de Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda durante la vicepresidencia de éste: la creación de un nuevo tipo de caja de ahorros de ámbito nacional supervisada sólo por el Banco de España. Esto supone devolver al Estado central competencias sobre las cajas que ahora están en manos de las comunidades autónomas, lo que augura problemas internos en el PP.

La formación de Mariano Rajoy también propone que se diferencie claramente la caja de ahorros que acude a las ayudas públicas por problemas de viabilidad y solvencia, de aquellas iniciativas destinadas a reforzar los recursos propios de las entidades. El objetivo es que no se enmascaren con dinero público los problemas de las entidades de ahorro y las responsabilidades de sus gestores.

La propuesta del PP habla de que las ayudas del Fondo de Reestructuración Ordenada de la Banca (Frob) se vinculen a que las entidades vendan "el stock de vivienda acumulado". Y que se incrementan las provisiones para hacer frente al deterioro del valor de la cartera de inmuebles. Vamos, que el equipo de Rajoy ya quiere dictar hasta lo que debe hacer el Banco de España.

Las primeras reacciones internas son un tanto surrealistas. El portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Popular, Pedro Puy Fraga, negó que existan "contradicciones" entre la postura del PP gallego y la práctica de la Xunta de Galicia y la propuesta que los responsables económicos del PP presentaron al Gobierno central. Según él, lo que importa es que "Rajoy apoya la fusión entre Caixa Galicia y Caixanova". Hasta allí no ha debido llegar la mano de Rato.